En este blog encontrara información relevante sobre la educación inclusiva en El Salvador en aspectos como Historia, aspectos legales y acciones encaminadas a la inclusión educativa.
El sistema educativo salvadoreño ha sido históricamente excluyente y limitador de las
potencialidades humanas, persistiendo una cultura de desigualdad e inequidad en la cual todos los
sujetos que presentan algún tipo de discapacidad sea física, cognitiva o social han sido vícti
mas de
discriminación lo cual ha repercutido en el abandono de sus estudios; por lo tanto la educación en
nuestro país requiere de un enfoque inclusivo que atienda a la diversidad de necesidades
educativas, sin ninguna discriminación con énfasis en el acceso a los aprendizajes cognitivos,
procedimentales y actitudinales que permitan al estudiante desarrollarse en una sociedad
cambiante.
Con la finalidad de erradicar esta problemática se incluye en el Plan social Educativo “Vamos a la
Escuela” (PSE), el Programa de Educación Inclusiva el cual ofrece oportunidades equitativas de
acceso, permanencia y aprendizaje efectivo en todos los niveles educativos, a estudiantes con
necesidades individuales especiales, o en situación de riesgo social. (Ministerio de Educación,
Adecuación del Índice de Inclusión al contexto educativo salvadoreño).
La implementación del Programa de Educación Inclusiva tiene por objetivo contribuir a la
transformación gradual y efectiva del sistema educativo en términos de políticas, cultura, prácticas
pedagógicas e inversiones estratégicas que garanticen el cumplimiento del derecho a la educación
para todas y todos. (Educación, Política de Educación Inclusiva, 2010).
En El Salvador muchos
niños y niñas aún no tienen acceso a la educación especialmente aquellos que presentan
Necesidades Educativas Específicas, debido a los pocos espacios que se ofrecen para su atención
y la dificultad para poder asistir a los Centros Educativos “especiales”.
En nuestro país existe un porcentaje mínimo de Centros Educativos para la atención a la población
con Necesidades Educativas Específicas, según la Jefatura de Educación Inclusiva del MINED se
poseen a nivel nacional 30 Escuelas de Educación Especial, 37 Escuelas que dan Servicios
Psicológicos para la población estudiantil, además de 639 Escuelas que tienen Aulas de Apoyo
Educativo, 136 Salas de Nivelación, 5 Centros Escolares para Sordos, 1 Centro Educativo para
Ciegos, 2805 Centros Educativos Integradores, 2 sedes de la Universidad de El Salvador con el
Programa de Jóvenes Talentos, 1 sede de Bachillerato para Sordos a Distancia, 29 Círculos de
Alfabetización para Sordos y 1 Circulo de Alfabetización para Ciegos. (Campos, et all , 2016, Análisis e implementación del Programa VAMOS)
La educación inclusiva plantea la
incorporación de niñas y niños a la escuela para lograr la entrada oportuna,
asistencia, aprendizaje, permanencia, transición y finalización exitosa de sus
estudios. (UNICEF, 20)
UNICEF considera la
educación como la puerta de entrada al cumplimiento integral de los derechos de
niña, niños y adolescentes. Es la herramienta más eficaz para moldear y cambiar
positivamente la vida de una niña o niño; y es, asimismo, el mecanismo ideal
para reducir ampliamente las brechas de desigualdad.
Brechas para acceder a una educación de
calidad, deserción principalmente por rezago académico, violencia, exclusión y
limitada oferta educativa, asociados a una inversión insuficiente plantean un
desafío pendiente.
Según el Observatorio del
Ministerio de Educación (MINED) en 2017, 44.61% de los centros escolares se
encontraban en comunidades con presencia de pandillas; 38.11% estaban
localizados en zonas donde se reportan robos y/o hurtos; 34.62% se ubican en
zonas con circulación de drogas, un 27.62%, en áreas donde se identifica
portación de armas blancas y de fuego, y 18.76% donde se realizan
extorsiones.
De acuerdo al Plan El Salvador
Educado (PESE), en 2016 la deserción escolar asociada a la delincuencia
afectaba a 7,339 niños y niñas en el área rural; y 8,172 en el área urbana. El Salvador fortaleció durante
décadas su inversión en educación básica lo que permitió avances; sin embargo,
ese enfoque no previó suficientes recursos y capacidades para el relevo
generacional. Esto derivó en una calidad educativa con deficiencias y la
exclusión de un número significativo de niñas, niños y adolescentes que, por
hoy, no participan del sistema educativo o corren riesgo de abandonarlo.
La
asignación de recursos al sector educativo ha sido históricamente baja, en la
última década se mantuvo en un promedio del 3.14% del Producto Interno Bruto y
del 16.61% en relación al gasto público. Cifras de la Oficina de Información y
Respuesta del MINED indican que, en 2016, la cobertura neta educativa en niñas
y niños de 0 a 3 años era de 1.9%, y de 4 a 6 años era de 56.5%. En el caso de
educación básica y media, las coberturas netas educativas se ubican en 83.4% y
35.6%, respectivamente (OIR, MINED 2017).(UNICEF, 20)
La educación es una de las herramientas que más influyen en el avance de las distintas sociedades, que proveen a sus ciudadanos de los conocimientos y de los valores necesarios para que podamos alcanzar mejores niveles de bienestar y de crecimiento tanto económico como personal, logrando así disminuir las desigualdades económicas y sociales y ampliando las oportunidades laborales de los jóvenes.
Por eso, si la educación y la formación son importantes para cualquier persona, imaginad lo importante que es formar adecuadamente a los niños y jóvenes que tienen una discapacidad, sea del grado que sea, con todas las dificultades que tienen que superar en su día a día.
Por suerte, en nuestro país, los niños con discapacidad tienen oportunidad de formación, aunque todavía queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la formación para integrar a estas personas en el ámbito laboral pese a los esfuerzos que se desarrollan desde asociaciones y empresas.
De hecho, en muchos países africanos, el tener una discapacidad puede reducir entre el doble y el triple las opciones de que un niño o una niña de ser escolarizado, en comparación con el resto de los niños que no la tienen. En países como Nepal las cifras llegan a ser trágicas, ya que el 85% de los niños y niñas no escolarizados tienen alguna discapacidad. Y aún así, para muchos niños discapacitados de estos países que sí que consiguen entrar en el sistema educativo, la calidad y el tipo de formación recibida no son las adecuadas, ya que en muchas de estas escuelas, segregadas en muchos casos, se fomentan los tabúes, roles y miedos que existen en esas sociedades sobre la discapacidad.
La inclusividad en
educación no solo significa permitir que niñas, niños, jóvenes o adultos con
alguna discapacidad asistan a las escuelas “regulares” sino que implica hablar
de estrategias para mejorar la calidad de los aprendizajes para toda persona que
participa del hecho pedagógico en un aula, independientemente se hable de
educación formal o no formal.
Algunos
de los logros obtenidos por el Programa de Educación Inclusiva 2018-2019:
Incorporación de 2.004 niños y
niñas con sobre edad, en riesgo social y/o fuera del sistema educativo a través
de la modalidad de educación acelerada de segundo a sexto grado en 2018 y 1,627
niñas y niños en 2019.
Atención pedagógica y
psicopedagógica a estudiantes de educación acelerada.
Talleres de formación a 160
docentes de educación acelerada en 2018 y 116 en 2019.
Asistencia técnica in situ a
60 docentes que atienden educación acelerada en 2018 y 30 en 2019.
A través de la ampliación de
estrategias, fortalecimiento y servicios de apoyo educativo se favoreció a
2,180 estudiantes con alguna condición de discapacidad o riesgo de ser excluido.
Se brindó cobertura a un
aproximado de 1,000 estudiantes a nivel nacional a través de los 17 centros de
orientación y recursos.
En la gestión se incrementó de
36.09 % en 2014, a 68.13 % en 2018 la atención educativa de estudiantes con
alguna discapacidad.
Gracias al trabajo de 643
docentes de apoyo a la inclusión se brindó asistencia a este tipo de procesos a
nivel nacional.
Se brindó asistencia técnica
especializada para atender necesidades específicas de población estudiantil con
discapacidad.
Firma de convenio de
cooperación con el Ministerio de Educación de España, la Fundación ONCE para
América Latina (FOAL) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la
ciencia y la Cultura (OEI) para la creación, implementación y continuidad del
centro de recursos para la atención de las necesidades educativas de la
población estudiantil con discapacidad visual.
Desarrollo de estrategia de
asistencia técnica entre pares, con docentes de apoyo a la inclusión, para dar
respuesta a las necesidades identificadas con el tema del espectro autista
desde los territorios beneficiando a 238 estudiantes.
Inicio de un proceso
participativo de diálogo con 30 directores y directoras, 268 docentes y 1000 padres,
madres y responsables de familia para el rediseño de los servicios y
funcionamiento de las 30 escuelas de educación especial.
Inicio de proceso para la
generación de competencias y capacidad para la gestión de inclusión educativa
en el territorio, mediante la conformación de 14 Comités Departamentales de
Apoyo a la Inclusión (CODAI). (Mendoza, 2020)
Las
proyecciones del Programa de Educación Inclusiva 2019-2020:
Dinamizar los procesos de
inclusión educativa de cada departamento del país.
·Desarrollo de formación
especializada sobre Diseño Universal para el Aprendizaje
·Realizar la propuesta de
transformación de la oferta educativa de las escuelas de educación especial.
·Construcción de protocolo de
actuación para la transición de estudiantes con alguna discapacidad de las
escuelas de educación especial a centros escolares regulares.
Teniendo claras las necesidades, el trabajo realizado, proyectos
vigentes y metas a mediano y largo plazo; las instituciones inmersas en crear
un ambiente inclusivo junto con el apoyo y disposición de los niños, niñas y
adolescentes es un esfuerzo que ya comenzó, sigue avanzando y no se detendrá
hasta conseguir su cometido. (Mendoza, 2020) CORIA El Salvador
Referencias:
1. Centro Internacional de Conferencias Ginebra, 25
a 28 de noviembre de 2008. «LA EDUCACIÓN INCLUSIVA: EL CAMINO HACIA EL FUTURO».
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA
(UNESCO). Recuperado de: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/General_Presentation-48CIE-4__Spanish_.pdf2. MINED (2010) Política de educación inclusiva. El
Salvador. Recuperado de: www.transparencia.gob.sv › documents › download
La educación
inclusiva implica una transformación radical de los paradigmas educativos, pues
propone pasar de un enfoque basado en la homogeneidad a una visión de la
educación plural y heterogénea (Blanco, 2006). Además, para incidir en la consolidación de las
políticas educativas que promueven la inclusión es necesario tener en cuenta el
incremento de las desigualdades sociales, la diversidad cultural y la creciente
crisis de cohesión social (López, 2009). Ahora bien, difícilmente se puede separar la
inclusión de la realidad sociocultural en que se dinamiza, así como también no
se pueden dejar de lado a actores clave como el Estado, la sociedad civil o la
familia.
Por tanto, al abordar
la inclusión como un problema de políticas educativas es necesario valorar qué
propuestas se han elaborado, cómo se están desarrollado, si están funcionando o
no (Terigi, 2014). Y esta revisión es la que se
realiza en el presente artículo, a fin de reflexionar sobre el proceso que se
ha implementado en El Salvador, ya que una transformación gradual hacia una
escuela inclusiva, requiere de una revisión y mejora continua, pues no se puede
reducir a una ley o una acción puntual con un alcance temporal limitado (Payá Rico, 2010). Entonces, se hace
necesario considerar también “los niveles de inclusión social y los alcances de
las brechas de equidad en la adquisición de competencias y aprendizajes” (Opertti, 2009, p. 4). Esto debido a que la
inclusión sin su dimensión ético-filosófica de reconocimiento de la persona, se
queda como una propuesta sin fundamento, al no ir más allá de la escuela para
transformar la sociedad.
A continuación se analiza el estado
actual de las políticas educativas relacionadas con la inclusión en El
Salvador, a partir de diferentes consideraciones como la normativa vigente, el significado
de exclusión educativa, la multicausalidad de los problemas educativos, la
intersectorialidad, la influencia del contexto o la transformación de las
prácticas escolares. Luego, de dicho análisis se presenta una reflexión
ético-filosófica sobre la importancia que tiene el reconocimiento de la persona
en la política educativa como elemento que promueve la sinergia entre
inclusión, equidad y justicia social. (Morán, 2019).
1.
Estado del arte sobre la política de educación inclusiva
Al valorar la
educación inclusiva desde un enfoque sistémico se considera que la educación es
un sistema que refleja la sociedad global, es decir, representa la concepción
de persona que predomina en el contexto en el que se desarrolla el hecho
educativo. Por tanto, dicha representación del ser humano también conlleva
implícita o explícitamente una forma de entender la vida, las relaciones
humanas, el saber o las diferencias individuales. Entonces, si no se visibiliza
que históricamente el sistema educativo ha sido excluyente, difícilmente se
logrará “organizar una sociedad que sea capaz de dar oportunidades de
aprendizaje a todos” (Aguerrondo, 2008, p. 77).
2.
Ampliación del significado de exclusión educativa
Una manera de
comprender la exclusión educativa es a partir de valorar la inclusión como un
constructo social, pues es necesario que la persona se sienta parte del
colectivo, donde todos se sientan valorados y respetados por sí mismos (Powell y Tutt, 2002). Así, la exclusión educativa puede estar asociada
a la escasa importancia que se le brinda al reconocimiento de la diferencia, y
esto conlleva a que se pueda excluir “con o sin justificación desde las
dinámicas políticas, la sociedad y el mercado, y aún desde los principales
ámbitos de socialización (la familia y la escuela)” (Ministerio de Educación, 2010b, p. 16).
3. Multicausalidad de la desescolarización y el rezago escolar
La desescolarización y el rezago escolar no pueden comprenderse como fenómenos aislados, ya que pueden producirse por factores individuales, familiares, demográficos, sociales o escolares. Así, en el caso de la deserción escolar influye el acceso temprano al trabajo para contribuir al ingreso familiar, donde para los hombres implica trabajar fuera de la casa y para las mujeres participar en las tareas del hogar (Consejo Nacional de Educación, 2016). También se observa una discrepancia al explorar las causas de deserción de acuerdo con la zona geográfica de residencia de los estudiantes, pues quienes residen en el área urbana desertan en su mayoría para trabajar mientras que los estudiantes de la zona rural dejan la escuela por falta de interés, lo cual “podría vincularse a deficiencias en el aprendizaje o a una falta de correspondencia entre la realidad vivida y lo que se estudia” (Consejo Nacional de Educación, 2016, p. 64).
Luego, al acercarse a
los resultados de aprendizaje que alcanzan los estudiantes también se pueden
observar desigualdades, las cuales se pueden dar por diferentes factores (Blanco y Duk, 2011):
Contexto
socioeconómico y cultural. El Salvador es considerado como un país de
ingresos medios bajos (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, 2015), que se encuentra afectado por violencia social,
migraciones, desestructuración familiar, trabajo infantil o delincuencia.
Por otra parte, en los últimos años se han dado esfuerzos para revitalizar
el nahuát como lengua materna (Ministerio de Educación, 2015c).
Tipo de escuela y entorno de aprendizaje. El
clima escolar de las escuelas salvadoreñas muchas veces se ve afectado por
la inseguridad y la violencia (Consejo Nacional de Educación, 2016). Y la gestión escolar promueve diversas acciones para lograr
aprendizajes significativos con la participación de la comunidad educativa
(Ministerio de Educación, 2008a).
Tiempo efectivo de aprendizaje. En El Salvador
se han establecido 200 días lectivos, los estudiantes asisten semanalmente
a la escuela entre 18 y 25 horas de acuerdo con el nivel educativo en que
se encuentren (Ministerio de Educación, 2008b). Ahora bien, es difícil establecer cuán efectivo es el tiempo de
aprendizaje.
Asistencia a educación de la primera infancia.
En el país preocupa que “solo se atiende al 3% de la población que la
necesita, que las escuelas parvularias puras están mayormente concentradas
en el área urbana” (Ministerio de Educación, 2015a, p.13). Ahora bien, cabe destacar que desde la elaboración de la
Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral de la Primera
Infancia (Ministerio de Educación, 2010c), se propuso un nuevo modelo de atención basado en un enfoque de
derechos y desarrollo integral. También se actualizaron los programas de
estudio para dicha población y los de la formación de los futuros docentes
en educación inicial y parvularia (Ministerio de Educación, 2015c).
La calidad de los docentes. Generalmente estos
carecen de un “marco conceptual y de los instrumentos metodológicos para
hacer frente a la diversidad de expectativas y necesidades de los
educandos” (Opertti, 2009). En 2012 se crea la
Política Nacional de Desarrollo Profesional Docente (Ministerio de Educación, 2012), a fin de fortalecer la formación docente tanto inicial como en
servicio. Y en 2015, había 31,085 maestras y 14,786 maestros laborando en
el sector público; de los cuales un 81.97% tienen el nivel académico de
profesorado, 7.20% licenciatura, 6.22% bachillerato académico y un 4.61%
otros grados (Ministerio de Educación, 2015b).
4.
Importancia de la intersectorialidad
La consolidación de
la educación inclusiva será posible en la medida que también se desarrollen
políticas económicas y sociales que den respuesta a los factores que generan
exclusión y marginación. Por tanto, uno de los restos de la escuela es ser
sensible a las demandas y expectativas del entorno (Krichesky, 2006), por ello es
imprescindible vincular el nivel central con el local, tanto para que las
políticas educativas se diseñen desde y para el contexto como para generar las
condiciones que permitan la autonomía de la escuela en la búsqueda de apoyos a
nivel local.
En 2010 con la
Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia se
abre un espacio para que la atención de la niñez sea abordada desde un enfoque
intersectorial, pues se crean comités integrados por diferentes instancias (Ministerio de Educación, 2010c). Luego, en 2011 se crea la Mesa Técnica
Intersectorial para la Educación y Desarrollo Integral para la implementación
del modelo de educación y desarrollo integral de la primera infancia (Ministerio de Educación, 2015c). También participan organizaciones no
gubernamentales, municipalidades y cooperantes, aunque a la fecha aún no se
cuenta con investigaciones o evaluaciones que muestren cómo han funcionado las
mesas intersectoriales, cuáles han sido sus aciertos u obstáculos en su proceso
de implementación.
5.
Valoración de los problemas educativos a partir del contexto
Al abordar los
problemas educativos del país es importante partir del contexto en
el cual se
desarrollan, ya que la educación es un tema de interés y relevancia social.
Entonces, primero es necesario que los equipos docentes y las familias se
pregunten si la propuesta educativa que orienta la práctica pedagógica en la
escuela responde al contexto social en el que desarrollan (López, 2007). Ahora bien, desde aquí puede encontrarse un
obstáculo, pues, aunque las familias y la comunidad contribuyan en actividades
puntuales de la escuela o en la elaboración inicial de los proyectos
educativos, generalmente son excluidos de la toma de decisiones sobre los
aprendizajes, por lo que la participación política de dichos actores queda
limitada (Hurtado y Muñoz, 2017).
Por tanto, si el
proyecto educativo no se construye de manera colectiva y tomando en cuenta el
contexto socio-histórico, puede caer en un mero cumplimiento burocrático de la
norma. En cambio, si la realidad “es mirada desde los sujetos deviene en un
conjunto de espacios de construcción: es el papel del momento histórico en la
medida en que en éste ocurre la intervención de la práctica” (Zemelman, 2005, p. 86), y esta elaboración
participativa compromete a cada uno de los actores inmersos en el proceso.
6.
Compromiso del Estado con la consolidación de las políticas educativas
El avance de una
política educativa depende en gran medida del grado de compromiso que el Estado
manifieste a través de sus diferentes instancias, ya que solo “es posible
conseguir progresos cuando los Estados tienen un compromiso con la justicia
social que se concreta en el desarrollo de políticas que tienen como foco
central la búsqueda de la equidad y la cohesión social” (Blanco y Duk, 2011, p. 49). Además, la educación inclusiva con
frecuencia es percibida como un medio para superar la pobreza, pero para ello
se necesitan algunas condiciones básicas que contribuyan a que las personas
puedan aprovechar las oportunidades de aprendizaje que se le presenten (Opertti, 2009).
Sin embargo, no sólo
corresponde al Estado contribuir a generar condiciones de educabilidad (López, 2005), sino también a la sociedad civil, la familia y
la escuela, donde cada actor tiene un rol y responsabilidades frente al
aprendizaje. Así, las condiciones de educabilidad deben comprenderse como “un
concepto relacional, en tanto se define en la tensión entre los recursos que el
niño porta y los que la escuela espera o exige de él” (López, 2007, p. 49).
REFERENCIAS
* Cristina Aracely Muñoz Morán Maestra
en Política y Evaluación Educativa (Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas), Licenciada en Psicología (Universidad de Deusto), y Profesora en
Educación Especial para el nivel básico (Universidad Católica de Occidente), es
Catedrática de la Universidad Evangélica de El Salvador en el Departamento de
Educación Especial. Su labor de investigación está relacionada con el
desarrollo de la educación inclusiva a través de las políticas educativas, las
prácticas pedagógicas, la participación de actores sociales y la gestión
escolar, teniendo como punto de referencia el reconocimiento de la persona en
el contexto educativo. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1785-4884.
Email: cristina.munoz@uees.edu.sv
La Política de Educación Inclusiva es una iniciativa del Gobierno de EL Salvador, por medio de las autoridades del Ministerio de Educación, en respuesta a la demanda de avanzar hacia un sistema educativo que tenga mayor énfasis en la persona humana, y que contribuya a la promoción de una cultura más abierta a las diferencias y más sensible a las necesidades de aquellos segmentos de población que se encuentran en condiciones de segregación, migración y exclusión en el ámbito educativo.
está política toma con referencia los compromisos adquiridos por el Estado salvadoreño en los diferentes foros e instancias internacionales que promueven la atención educativa a la diversidad y ,ás propiamente, la educación inclusiva.
Ley de Equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad.
La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen de equiparación de oportunidades
para las personas con discapacidades físicas, mentales, psicológicas y sensoriales, ya sean congénitas
o adquiridas.
El Consejo Nacional de Atención Integral para las Personas con Discapacidad, que en lo sucesivo
de la presente ley podrá llamarse el Consejo, formulara la política nacional de atención integral a las
personas con discapacidad.
Dicha ley protege a las personas con discapacidad en los siguientes ámbitos:
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en asocio con Fundación Silencio (FUNDASIL) presentaron el Programa de Salud Mental y Bienestar Emocional, que brinda atención psicológica y soporte emocional a niños, niñas, adolescentes y sus familias afectados por la pandemia del COVID-19; y personal de salud de primera línea.
El programa trata de mitigar los efectos nocivos en la salud mental en las familias salvadoreñas provocados por el aumento del estrés y la ansiedad derivados de la del confinamiento.
CONAIPD (clic para ver otros documentos de interés)
Guía de inclusión laboral para personas con discapacidad
FUNDEMAS promueve el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos a nivel empresarial, a través de
asesoramiento en la creación de estrategias y buenas prácticas de Responsabilidad Social, contribuyendo así al
Desarrollo Sostenible de El Salvador.
En este sentido, uno de los mayores retos identificados por FUNDEMAS para el cumplimiento de los derechos
humanos de grupos vulnerables es la inclusión laboral de personas con discapacidad, ya que constituyen un sector de
la población invisibilizado por el tejido social nacional.
Por ello, en 2015 FUNDEMAS lanzó la Mesa de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, la cual brinda
una metodología para la creación de estrategias corporativas inclusivas que promuevan la incorporación exitosa
de personas con discapacidad a su público interno.
En estos dos años de ejecución se ha formado a más de 24
empresas y tres universidades en la creación de políticas de inclusión, diseño y accesibilidad universal, y se ha logrado
la certificación del público interno con discapacidad, la creación de perfiles de trabajo el proceso de reclutamiento, y
selección de personas con discapacidad.
Adicionalmente, como actividad de clausura de la Mesa de Trabajo de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad,
FUNDEMAS desarrolla una feria laboral mediante la cual las empresas pueden poner en práctica sus estrategias de
reclutamiento inclusivo.
La Guía está basada en la metodología de la Mesa de Trabajo de Inclusión Laboral para Personas con
Discapacidad, brindando a las empresas y organizaciones una metodología práctica para promover los derechos
humanos de las personas con discapacidad a través de buenas prácticas de Responsabilidad Social.
